Desde 1858 se comenzó a hablar de una Caja de Ahorro para los empleados públicos, que funcionaria bajo un sistema de reparto solidario. La seguridad social que brindaba esta caja estaba destinada principalmente a los empleados públicos, y aquellos trabajadores cuyos sueldos se consultaban en el presupuesto de la nación. Incluía además a los empleados contratados de la administración pública; los empleados públicos de los servicios o instituciones independientes del Estado, como las Cajas Agrícola, de Crédito Popular, de Crédito Minero, el Instituto de Crédito Industrial; el personal de los servicios de Beneficencia. Incluía además a los empleados de la Sociedad de Fomento Fabril, Nacional de Agricultura y Nacional de Minería.